junio 14, 2021 11:51 am

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De Interés Mundial

Académicos instan a Estado venezolano a garantizar las vacunas como un derecho humano

En un comunicado, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, alerta que la COVID-19 agrava la crisis sanitaria, económica, política y social en Venezuela, lo cual perjudica los derechos humanos.

“Los derechos humanos de la población cuyo respeto, garantía y protección son una responsabilidad constitucional y una obligación internacional del Estado, como son los derechos a la salud, a la integridad personal, a la vida, al trabajo y a un salario digno, entre otros”, dice el documento.

La adquisición y distribución de vacunas seguras y efectivas debe ser una medida urgente para superar la pandemia y salvar las vidas de sus habitantes. De allí la obligación y responsabilidad del Estado venezolano, de llevar a cabo una adquisición adecuada con una distribución justa y equitativa de las vacunas y, en particular, hacerlas accesibles y asequibles de manera universal y transparente y sin discriminación alguna”, agrega.

“Las decisiones sobre aprobación, adquisición, distribución y acceso a las vacunas que adopte el Estado venezolano deben estar informadas y regidas por sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, especialmente por los principios de igualdad y no discriminación.

En consecuencia, el acceso universal y equitativo a las vacunas disponibles constituye una obligación de inmediato cumplimiento por parte del Estado venezolano; por lo que las vacunas, tecnologías y tratamientos desarrollados para enfrentar el covid-19 deben ser considerados como “bienes de salud pública”, de libre acceso para todas las personas”, sostiene

La Academia formuló las siguientes exhortaciones:

  1. El Estado venezolano debe asegurar la adquisición transparente y la distribución a las vacunas de calidad certificada para prevenir el covid-19, a través de su acceso equitativo y universal, absteniéndose de cualquier trato discriminatorio, mediante un Plan Nacional de Vacunación publicado, elaborado de manera participativa y cuya implementación sea monitoreada.
  2. El Estado venezolano debe facilitar y fortalecer la implementación del programa de adquisición de vacunas para prevenir el covid-19 incluyendo los mecanismos COVAX, C-TAP y otros mecanismos que se desarrollen a nivel global y regional, para promover el acceso equitativo a las vacunas y garantizar el intercambio de información y tecnologías.
  3. El Estado venezolano debe garantizar en sus planes de vacunación y/o sus políticas públicas, la accesibilidad económica para todas las personas, lo que implica el acceso universal gratuito a las vacunas.
  4. El Estado venezolano debe priorizar la inoculación de las personas con mayor riesgo de contagio y a quienes experimentan un mayor riesgo frente a la pandemia, en tanto es superado el contexto de escasez y las limitaciones en el acceso a las vacunas. Para los criterios y parámetros que el Estado implemente debe tomar en consideración los principios SAGE de la OMS. Dentro de los mismos se incluyen a las personas trabajadoras de la salud, las personas mayores, con discapacidad o con preexistencias médicas que pongan en riesgo su salud; a las personas que por factores sociales, laborales o geográficos subyacentes experimentan un mayor riesgo frente a la pandemia; así como los grupos especialmente vulnerables, incluidas las personas privadas de libertad.
  5. El Estado venezolano tiene la obligación de proveer y difundir información adecuada y suficiente sobre las vacunas para prevenir el covid-19. En este sentido, toda vacuna contra el covid-19que el Estado vaya a suministrar debe contar con el consentimiento previo, libre e informado de la persona que la recibe.
  6. El Estado venezolano debe salvaguardar los datos personales y la información contenida en los expedientes de salud, incluida información biográfica y biométrica recolectada por los servicios médicos.
  7. El Estado venezolano debe, con sujeción a la obligación de transparencia activa, divulgar proactivamente aquellos datos referidos a registros, estudios, planes de vacunación y en general, la información relativa a la adquisición, importación, distribución, priorización, aplicación de vacunas; así́ como de los procesos y procedimientos de vigilancia y control aplicados.
  8. El Estado venezolano tiene la obligación de prevenir y erradicar la corrupción en el ámbito de la distribución y aplicación de las vacunas, y sancionar cuando las mismas sean utilizadas como dádivas o favores personales y/o políticos, particularmente en contextos electorales. Igualmente, deben proteger a las personas que denuncien delitos de corrupción en el sector de la salud o en otros.
  9. Hacer público este pronunciamiento e informar a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Panamericana de la Salud y a los órganos internacionales especializados en derechos humanos. Asimismo, tomando en cuenta la migración forzada de más de cinco millones de venezolanos, los Estados de acogida deben garantizar el acceso universal y sin discriminación a la vacunación contra el covid-19 a las personas venezolanas que se encuentran en sus territorios.

Con información de curadas.com

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