Un nuevo capítulo en la política oficialista de implementar nuevos impuestos inició este lunes 28 de marzo con la entrada en vigencia del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), un gravamen que significaría un aumento sustancial a los precios de bienes y servicios en todo el país.
Una reforma a la Ley del IGTF aprobada hace apenas mes y medio por la Asamblea Nacional (AN) administrada por el oficialismo establece que las personas naturales pagarán un 3% más por los bienes o servicios que paguen con monedas distintas a las de curso legal en el país, ya sean dólares, euros o criptomonedas.
La medida empezó a aplicarse a pesar de las voces del sector comercial y tributario, quienes advertían que era inviable hacerlo en tan corto tiempo, ya que la estructura comercial del país no está preparada para darle cumplimiento a esta normativa.
Como resultado de esta decisión, precipitada según los actores que hacen vida en la economía nacional, los comercios se han visto en la obligación de tomar medidas para cuidarse las espaldas y evitar fiscalizaciones.
Este pareció ser el caso de la cadena de comida rápida Arturo’s de Veenzuela, que anunció en sus redes sociales, aunque borraría el mensaje horas después, la decisión de suspender hasta nuevo aviso la recepción de divisas como método de pago en sus locales físicos, pese a que su servicio de delivery a través de Yummy seguiría operando con moneda extranjera.
«Arturo’s informa a todos sus clientes y allegados que, motivado a la incertidumbre generada por la aplicación de la nueva ley del IGTF, nos vemos en la obligación de temporalmente suspender la recepción de pagos en divisas en nuestros restaurantes», informaron en sus redes sociales antes de eliminar la publicación.
Ausencia de máquinas fiscales
Una de las razones por las cuales esta medida se siente apresurada y está destinada a causar problemas para aplicarse correctamente es la ausencia de las máquinas fiscales, aquellas que emiten las facturas, en los locales comerciales.
Las máquinas que poseen la mayoría de los comercios deben actualizarse y, en la mayoría de los casos, de plano sustituirse. Esto implica una inversión importante y también una demanda de estos artefactos muy superior a su oferta, elementos que hacen prácticamente imposible alcanzar las condiciones para empezar a cobrar el impuesto desde la fecha indicada por la ley.
Ya esta advertencia era señalada por gremios como el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio). Su presidenta, Tiziana Polesel, indicó en un comunicado que no era viable una actualización para la fecha establecida.
«Uno de los elementos más graves para todos los sectores es que la Providencia entra en vigencia el 28 de marzo y no hay manera de que las maquinas fiscales y los sistemas administrativos puedan estar actualizados para esa fecha», indicaba.
El diminuto plazo otorgado por la ley para actualizar los sistemas administrativos es tan solo uno de los múltiples problemas que causa esta ley, según analistas tributarios y representantes del sector empresarial, puesto que las consecuencias más graves se trasladarán al usuario.
Con información de talcualdigital.com
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