
Como un documento que paraliza la actuación de las organizaciones no gubernamentales, movimientos, asociaciones civiles y fundaciones, describió el abogado Manuel Virgüez, director de la ONG Movimiento Vinotinto, el Proyecto de Ley del Financiamiento y Funcionamiento de las Organizaciones no Gubernamentales, cuya creación fue aprobada por la Asamblea Nacional este martes 24 de enero.
“Consideramos que el texto coarta los derechos políticos que tiene toda la ciudadanía, en especial a ese artículo que refiere que ninguna organización con fines sociales podrá dedicarse a otras actividades políticas porque toda actividad humana es política“, dijo Virgüez en rechazo a la ley.

Denunció que no solo se estarían violando los derechos políticos plasmados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino también el marco de derecho en relación a los tratados internacionales.
En segunda instancia, se refirió al principio de igualdad ante la ley, “nosotros no nos negamos a que se les exija a las organizaciones la rendición de cuentas, pero también entonces debería estar planteado en esa ley que nosotros también tenemos el derecho de exigir a las autoridades la rendición de cuentas en materias que nosotros consideremos adecuadas”, expresó.
Rechazo
A través de mensajes en sus cuentas en Twitter, diversas organizaciones se mostraron en contra de que se promueva este proyecto que prohíbe, entre otras cosas, “promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República”, según el plan inicial compartido por algunos legisladores.
Provea, organización que defiende el respeto a los derechos humanos, aseguró que se trata de “un nuevo ataque contra la sociedad y las víctimas, principales beneficiarios de las ONG”.

La ONG Acceso a la Justicia aseguró que esta norma, cuyo contenido no ha sido presentado a la ciudadanía, “pone a las ONG y afines y, en general, a los ciudadanos, en una situación de grave indefensión e inseguridad jurídica, lo que facilita aún más la violación de derechos humanos”.
Por su parte, la presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, aseguró que el objetivo de esta nueva norma que se pretende crear es “eliminar el mayor número de ONG en Venezuela”.

Asimismo, Luis Ugalde, religioso y exrector de la Universidad Católica Andrés Bello, aseguró que las ONG no son organizaciones “antigubernamentales” y exhortó al Estado a fomentarlas en lugar de controlarlas.
“Atentar contra las ONG es atentar contra la vida nacional. Espero que en el Gobierno haya gente sensata, con experiencia, que viene de ONG, que reconozca la inmensa necesidad que hay en el país”, dijo Ugalde en declaraciones a medios locales.
Redacción Notiguaro.com / Con información de swissinfo.ch

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