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CorteIDH condena a Venezuela por detención arbitraria de familia indígena

CorteIDH condena a Venezuela por detención arbitraria de familia indígena - noviembre 16, 2021 1:40 pm - NOTIGUARO - Nacionales

Por la detención arbitraria de una familia de apellido González perteneciente al pueblo indígena Wayúu, en el año 1998, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó este lunes 15 de noviembre al Estado de Venezuela.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó en la sentencia que Venezuela es responsable por la violación a los derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a las garantías judiciales, en perjuicio de Belkis González, María Angélica González, Fernando González, Wilmer Antonio Barliza González, Luis Guillermo González y Olimpiades González, así como de las garantías judiciales de Aura González.

El caso ocurrió el 23 de noviembre de 1998 cuando Belkis, María Angélica y Fernando González fueron detenidos por autoridades policiales, quienes los consideraban sospechosos de participar en un homicidio.

Posteriormente, el 28 de enero de 1999, se produjo la captura de Wilmer Antonio Barliza González, Luis Guillermo González González y Olimpiades González, luego de que se denunciara un tiroteo.

“Belkis y María Angélica González fueron recluidas varios meses en una celda de aislamiento, la cual presentaba condiciones inadecuadas. Ello constituyó un trato cruel o inhumano”, explica la sentencia del Tribunal internacional.

Además, el 29 de septiembre de 1999 el Tribunal Mixto de Juicio de Primera Instancia en lo Penal dictó sentencia absolutoria a favor de Fernando González, María Angélica González, Belkis Míreles González y Wilmer Antonio Baliza González, y ordenó su inmediata liberación.

El caso también responde a que Olimpiades González fue víctima de un atentado contra su vida el 19 de septiembre de 2001 y el 11 de diciembre de 2006 recibió tres disparos por la espalda que le causaron la muerte.

El Tribunal internacional ordenó al Estado de Venezuela continuar y concluir, en un plazo razonable, las investigaciones y procesos penales correspondientes, pagar un monto económico por los gastos de tratamientos y padecimientos físicos, psicológicos y psiquiátricos sufridos, así como una indemnización por daños materiales e inmateriales.

Con información de EFE

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