La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, formada por tres juristas, expresó este lunes 30 de enero, su preocupación por el proyecto de ley para regular ONG que aprobó la Asamblea Nacional el pasado 24 de enero, y que según ellos puede suponer “un cierre del espacio cívico y democrático”.
“La regulación impondría a las ONG, tanto existentes como en proceso de formación, un conjunto de requisitos formales tan onerosos que le otorgaría al Estado una potestad cuasi permanente de suprimirlas“, advirtió en un comunicado uno de los expertos de la misión, el chileno Francisco Cox.
La proyectada “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines” impone requisitos adicionales para el funcionamiento de las ONG y otras entidades sin ánimo de lucro y su incumplimiento estarían sujeto a fuertes sanciones que podrían llegar a su disolución.
La iniciativa legal, indicó la misión de la ONU, se ultima en un momento en el que las ONG de promoción de derechos humanos que trabajan en Venezuela enfrentan progresivamente más limitaciones a su funcionamiento, incluido en el aspecto clave de su financiación. “Sin acceso a los fondos de cooperación internacional, muchas de estas organizaciones inevitablemente van a desaparecer”, advierte el texto.
Según la misión, uno de los aspectos del proyecto más preocupantes es la atribución que confiere al Ejecutivo, especialmente su nueva facultad de poner en marcha mecanismos de control que le permitan supervisar y sancionar aspectos de las ONG que bajo su punto de vista amenacen la seguridad nacional. “Esto expone a las organizaciones a una vigilancia permanente incluso a través de un posible control policial o de inteligencia”, indicaron los expertos.
El plan también recoge prohibiciones a actividades que podrían ser juzgadas con arbitrariedad, ya que habla de sancionar “actividades políticas” o aquéllas que “atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República”, lo que para la misión podría suponer una amenaza para las ONG que colaboran con ellos. “Se enmarca en un patrón más amplio de restricciones al espacio cívico a través de amenazas, ataques y detenciones arbitrarias contra personas defensoras de los derechos humanos, sindicalistas y periodistas”, concluyen.
“Refleja una vieja estrategia que ha sido aplicada en otros países y es otro ataque a la sociedad civil defensora de los derechos humanos para silenciarla o eliminarla”, destacó la argentina Patricia Tappatá, integrante de la misión.
Con información de swissinfo.ch
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